Proceso de participación ciudadana
EJE 6: Bolivia, Bienestar para todosInclusión Social
Comprende la garantía de igualdad de oportunidades y trato digno, promoviendo una sociedad más justa y cohesionada. Incluye la eliminación de la discriminación, politicas en niñez, juventudes, adulto mayor, discapacidad, participación en la toma de decisiones y el reconocimiento de la diversidad cultural.
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Señoras y señores, Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) Estado Plurinacional de Bolivia De mi consideración: Por medio de la presente, me permito sugerir la incorporación explícita del enfoque de Derechos Humanos como un principio rector transversal en el marco de los siete ejes del proceso “Plan Bolivia” (PGDES 2026–2035 y PDES 2026–2030), con el fin de fortalecer la coherencia del plan, mejorar su legitimidad social y facilitar su seguimiento mediante resultados e indicadores verificables. 1) Alineación principal del enfoque de Derechos Humanos Propongo que la referencia principal se ubique en el EJE 6: Bolivia, Bienestar para todos, dado que este eje ya está orientado a garantizar el acceso universal a condiciones básicas de vida, servicios sociales de calidad, inclusión de poblaciones vulnerables y el ejercicio pleno de derechos. 2) Enfoque de Derechos Humanos como elemento transversal Adicionalmente, sugiero declarar el enfoque de Derechos Humanos como transversal a los siete ejes, considerando su naturaleza integral. En ese sentido, se sugiere explicitar su articulación en: EJE 5: Bolivia Transparente, vinculando Derechos Humanos con el acceso a la justicia ...
Muchas gracias Wilmer. Sin duda compartimos plenamente ese deseo.
Gracias por su aporte. Sigamos construyendo juntos el desarrollo de nuestro país.
Comentario 3/3 – Vejez digna y llamado a revisar la Política de Envejecimiento 2025
Menos del 20% de la población boliviana accede a una jubilación contributiva, lo que genera una alta dependencia de la Renta Dignidad, insuficiente para garantizar una vejez con calidad y calidez. La informalidad laboral, los bajos ingresos y las desigualdades de género profundizan la pobreza y la vulnerabilidad en la vejez, trasladando la carga a las familias y al Estado. En este contexto, es fundamental revisar y retomar la Política Pública Plurinacional de Envejecimiento y Vejez 2025, que, aunque no fue aprobada por Decreto Supremo, sí fue validada por el Consejo Por una Vejez Digna y construida con instituciones nacionales, organismos internacionales y gobiernos subnacionales. Esta política aborda dimensiones clave como salud, cuidados, educación, vejez digna, protección y participación, y constituye una base técnica valiosa que debería ser incorporada al PGDES y al PDES rumbo al 2035.
Totalmente de acuerdo Ivanna. La población adulta ha contribuido con su trabajo durante varios años, es justo un mejor trato.
Comentario 2/3 – Autocuidado y acceso a los cuidados en la vejez
En Bolivia, el financiamiento y la provisión de cuidados para las personas adultas mayores recaen principalmente en las familias. Sin embargo, el envejecimiento poblacional, la reducción del tamaño de los hogares, la alta informalidad laboral, la migración y la creciente participación de las mujeres en el empleo remunerado están debilitando esta red de apoyo, volviéndola insostenible. Esto genera riesgos de desprotección, pobreza, aislamiento y deterioro de la calidad de vida de las personas mayores, además de una fuerte sobrecarga económica, física y emocional para los cuidadores familiares, especialmente mujeres. Frente a este escenario, se requiere avanzar hacia un sistema de cuidados basado en la corresponsabilidad entre Estado, familias, sector privado y comunidad, con financiamiento público y mixto, servicios como centros de día y atención domiciliaria, y campañas que reconozcan el cuidado como un derecho social.
Comentario 1/3 – Envejecimiento y cuidados como desafío del desarrollo
El envejecimiento poblacional en Bolivia es una realidad que interpela de manera directa al sistema de bienestar, a las familias y al Estado. En ese marco, el envejecimiento y los cuidados deben ser asumidos como un eje estratégico del desarrollo, en coherencia con el Eje 6: Bolivia, Bienestar para todos, que prioriza la inclusión, el ejercicio de derechos y la atención a poblaciones vulnerables. Desde mi experiencia profesional y mi participación en el Diálogo sobre la Política Pública Plurinacional de Envejecimiento y Vejez 2025, considero prioritario fortalecer el enfoque de cuidados y vejez digna dentro del PGDES y el PDES rumbo al 2035, reconociendo que el bienestar en la vejez no es un tema sectorial, sino un componente central de la planificación nacional y de la cohesión social.
Se propone al Ministerio de Planificación de Bolivia considerar la implementación de políticas y proyectos integrales para prevenir el abandono infantil y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad. Esto incluye la creación de una Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, un Programa Nacional de Fortalecimiento Familiar, y una Política de Prevención de la Violencia en la Infancia. Además, se sugiere establecer un sistema de información y seguimiento, y capacitar a profesionales y comunidad en general sobre la prevención del abandono infantil y la violencia en la infancia, con el objetivo de reducir el abandono infantil y promover la protección de la infancia en Bolivia.
Sobre la inclusión social, el principal problema radica en la falta de oportunidades. La ausencia de medidas educacionales claras que promuevan la inclusión de las personas, en particular los los jóvenes. De igual manera, la reducida promoción y reconocimiento a los talentos bolivianos. Se sugiere, establecer políticas públicas urgentes que permitan incluir a la población, en particular a jóvenes en el circuito productivo.
Gracias por su aporte. Sigamos construyendo juntos el desarrollo de nuestro país.
En mi opinión, celebrar que los feminicidios disminuyeron de 84 a 81 casos es una distracción peligrosa. Una mujer asesinada cada 4,5 días no es estadística; es una emergencia nacional que revela que la Ley 348 (2013) ha sido insuficiente para transformar las relaciones de poder de género.
Por medio de la presente me permito sugerir lo siguiente: Sobre la reducción de brechas en el acceso a salud y educación en áreas rurales y periurbanas
Considero prioritario que dentro del eje “Bolivia, Bienestar para Todos” se aborde de manera estructural la desigualdad en el acceso a servicios de salud y educación, especialmente en comunidades rurales, indígenas y zonas periurbanas
Actualmente, muchas familias enfrentan limitaciones como:
Infraestructura insuficiente o en mal estado.
Falta de personal médico y docente.
Escasa cobertura de programas sociales.
Barreras culturales y lingüísticas que dificultan la atención adecuada.
Esta situación genera exclusión social y reproduce ciclos de pobreza, afectando principalmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores.
Propongo que el Plan Bolivia 2026–2035 incorpore las siguientes acciones:
Fortalecer la inversión en infraestructura social en territorios con mayores índices de vulnerabilidad.
Implementar políticas con enfoque intercultural y de género.
Ampliar programas de prevención y promoción social con participación comunitaria.
Garantizar seguimiento y evaluación participativa de los servicios públicos.
Es fundamental abordar la situación de jóvenes con discapacidad moderada que no cuentan con carnet de discapacidad y que, por esta razón, enfrentan discriminación por parte de algunos servidores públicos. En muchos casos los procesos para obtener el carnet de discapacidad son largos, burocráticos y requieren diagnósticos médicos complejos que no siempre están al alcance de todos. Esto provoca que jóvenes con discapacidad moderada queden excluidos del sistema de protección y no sean reconocidos como personas discapacitadas, negándoles acceso a beneficios, como ser a un trato digno en instituciones públicas.
Es necesario revisar y simplificar los procedimientos de certificación, garantizar evaluaciones más accesibles y capacitar a los servidores públicos sobre relaciones humanas. Asimismo, se deben fortalecer mecanismos de supervisión que aseguren que ninguna persona sea desatendida o minimizada por no contar con el carnet, cuando su condición es evidente y real. Atender esta problemática no solo significa mejorar un trámite, sino avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde los jóvenes con discapacidad moderada sean reconocidos, escuchados y respetados.
Incorporar profesionales en Trabajo Social en las unidades educativas es una medida clave para fortalecer la prevención de la violencia desde un enfoque integral. La escuela es un espacio central de socialización donde se reproducen o transforman patrones culturales. El Trabajo Social puede desarrollar acciones de prevención primaria mediante la identificación temprana de factores de riesgo, educación emocional, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de vínculos familiares.
Además, permite detectar y abordar problemáticas como violencia intrafamiliar, acoso escolar, consumo de sustancias y abandono escolar, articulando con redes de protección y servicios especializados. Su presencia permanente posibilita un trabajo sistemático con estudiantes, familias y comunidad, más allá de intervenciones aisladas. Invertir en Trabajo Social en el ámbito educativo es apostar por políticas preventivas que reduzcan la violencia estructural y eviten que los casos escalen.